Se reunían los ministros de Interior de la UE sin llegar a un acuerdo consensuado sobre el reparto de 120.000 propuesto por la Comisión Europea (CE). El principal problema era el rechazo de algunos países socios al sistema de cuotas y al carácter obligatorio de éste. La CE comenzaba a hablar de contrapartidas a la aceptación de esta medida como el refuerzo en el control de las fronteras exteriores, las políticas efectivas de repatriación de inmigrantes irregulares y el establecimiento de campamentos de refugiados cercanos a los países de origen (Jordania, el Líbano o Turquía).
En espera de un acuerdo económico con la UE, las autoridades turcas prohibían la llegada de personas refugiadas a Edirne, la ciudad más cercana a la frontera con Europa. Sin embargo, el control marítimo no era tan férreo y guardacostas turcos permitían periódicamente que algunas embarcaciones continuaran su viaje hasta Grecia. Refugiados y refugiadas sirias se manifestaban pidiendo que reabrieran la ruta terrestre y que no les obligaran a cruzar por mar.
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